AET-10oct01-CrisisSalud-7.htm

CID-MED:
Centro de Información
y Documentación del
MEDICAMENTO

Archivo Digital
Archivo de artículos y trabajos publicados en Internet que -por su importancia- almacenamos en este formato especial para ser consultados SOLO cuando la fuente original no se encuentre disponible.

EL TIEMPO
Usuarios y médicos denuncian (VII)
Bogotá, Sábado 13 de octubre de 2001
La mayoría de hospitales públicos del país no cuentan con dinero en efectivo para funcionar, debido a que tienen una alta cartera morosa que ascendía a 703 mil millones de pesos a mayo de este año. Archivo / EL TIEMPO

Diana Marcela Barrera Roa es una joven de 28 años que desde hace seis trabaja como secretaria en el Ministerio de Justicia.

A principios de este año empezó a sentir fuertes dolores de cabeza que la obligaron a acudir a un médico especialista de su Empresa Promotora de Salud (EPS).

El diagnóstico: Cefalea migrañosa, es decir –le aclararon– un dolor de cabeza muy intenso. Luego, le medicaron pastillas y la enviaron de regreso a su casa.

Pero Diana Marcela continuó con los fuertes dolores. “Me torné agresiva y tenía cambios de personalidad. Empecé a llegar tarde al trabajo y por eso me iniciaron una investigación disciplinaria. Incluso, un día intenté suicidarme desde un quinto piso”.

Ante este panorama, la joven optó por cambiar de médico y, por ende, de EPS. Después de someterse a nuevos exámenes y de que le aseguraran que su enfermedad no era orgánica, la remitieron directo al sicólogo y él, a su vez, a una clínica de reposo.

Sin embargo, la familia de Diana Marcela se resistía a creer que ella tuviera problemas mentales y logró que se le autorizara un electroencefalograma –radiografía especializada de la cabeza.

Diana Marcela no estaba demente ni tenía una migraña. Las placas mostraron un tumor de 40 centímetros de diámetro, el cual le fue extraído parcialmente hace tres semanas, tras una prolongada craneotomía.

Ahora, Diana Marcela –que vive con su hija de 10 años en un apartamento que paga por cuotas a Granahorrar– afronta un nuevo gran problema en su vida.

Los médicos que la atendieron le solicitaron a su EPS que, además de la radioterapia, era necesario suministrarle a la paciente la droga Temozlomida en ciclos de 200 miligramos, dos veces cada 28 días.

“De no administrarse en el menor tiempo posible este tratamiento –le dijeron los especialistas a la EPS– la vida del paciente corre inminente peligro ya que la enfermedad puede progresar y presentar metástasis, que la puede llevar a la muerte”.

Este es uno de los 65 casos que llegaron a este diario, vía Internet y a través del teléfono, luego de que hace una semana se empezaran a publicar los reportajes sobre el frágil sistema de salud colombiano.

Médicos de diferentes especialidades y usuarios de Bogotá, Villavicencio, Medellín, Quibdó, Pereira, Santa Marta, Cartagena, Envigado e incluso radicados en Canadá y República Dominicana, denunciaron sus casos que van desde el diagnóstico equivocado de un cáncer de cerebro hasta las amenazas de despido por formular un medicamento costoso.

Luego de publicar la encuesta con médicos, la bancarrota de la salud, la debacle de los hospitales, las cifras que no le cuadran al sistema y las reformas a la Ley 100, EL TIEMPO cierra la serie sobre el tema, publicando parte de las denuncias que médicos, gremios de profesionales, universidades y usuarios hicieron llegar a los reporteros.

Un buen número de mensajes fue remitido por médicos que, aun cuando se identificaron plenamente, pidieron el anonimato para evitar represalias de las EPS donde prestan sus servicios.

Por ser parte de investigaciones y tutelas, se omiten los nombres de las EPS involucradas en los episodios. Estos son los casos:

– Rodolfo Lindarte, un jubilado cucuteño de 67 años, empezó a notar manchas moradas en sus piernas. Acudió a su EPS en donde le dijeron que se trataba de un caso de mala circulación y le formularon unas pastillas.

Pocas semanas después viajó a Estados Unidos y se sometió a un chequeo general. “Me dijeron que lo que tenía era diabetes y que si la dejaba progresar, mis piernas podían engangrenarse”.

También le aconsejaron chequear el estado de su próstata como mecanismo de prevención, pero la EPS le negó el examen –antígeno prostático– bajo el argumento de que si aún podía orinar, no lo necesitaba. “Entonces –dice Lindarte– ¿dónde queda la posibilidad de prevenir una enfermedad?

– Bruno Medina Ferrer, de Cali, asegura que la EPS a la que estaba afiliada su esposa la tuvo durante tres años a punta de pastillas –Bromocriptina– para manejarle un dolor de cabeza. Finalmente, un médico le ordenó un TAC –examen especializado– para descartar la existencia de un tumor en la base del cráneo.

Como si fuera poco, la señora quedó desempleada y tuvieron que acudir a amenazar con interponer una acción de tutela para que la dejaran afiliarse como ama de casa sin que perdiera la antigüedad.

– Alberto Arrieta, médico de Codazzi (Cesar), denuncia que un pequeño, cercanos a su familia, padece desde hace ocho meses una infección en la piel. En cinco ocasiones la madre del pequeño lo ha llevado a un médico general que le ha recetado toda suerte de ungüentos y cremas sin que hasta ahora exista mejoría.

A pesar del fracaso del tratamiento y de la solicitud de los padres del pequeño, el médico se niega a remitirlo a un dermatólogo.

– Desde hace cuatro meses María Lucía Alvarado Pulido tiene problemas en la columna cervical. Desde hace más de dos meses su EPS le ordenó varios exámenes, entre ellos una resonancia magnética. Pero en el instituto al que la remitieron le dijeron que no le tomaban el examen porque no tenían presupuesto. La misma respuesta le dieron en la IPS: “Me dijeron que no había presupuesto y que no sabían cuándo se iban a renovar los contratos para practicar esos exámenes”.

Ella dice que ya no soporta el dolor y que a pesar de estar afiliada a una EPS, ha tenido que pagar muchas consultas a médicos particulares por la demora en la atención. Ahora no tiene cómo pagar la resonancia a un consultorio particular, pues le cobran 337 mil pesos y no sabe ante quién acudir.

– Armando Arévalo está afiliado a una EPS pública y lo atienden en un dispensario del barrio Santa Isabel, en el sur de Bogotá. “Desde el 10 de mayo me dieron una orden para que me atendiera el neurólogo por un temblor que tengo en el cuerpo. Hasta ahora, no me han dado ninguna cita. Solo me responden que debo esperar a que me llamen para la fecha de la cita. Nadie lo ha hecho y el temblor me ha aumentado.

– Julio Ahumada, de 64 años, debe practicarse una biopsia en la próstata. Hace diez años fue operado. “El médico me advirtió que debía estar en control y cuidarme por el peligro de un cáncer”, dice.

Fue a la clínica San Rafael para que le practicaran la biopsia en la próstata. Allí le ordenaron regresar al día siguiente. “Cuando llegué al hospital dijeron que no podían atenderme porque el contrato con la EPS había terminado. Me fui para el dispensario de la Alquería, en el sur de Bogotá, y solicité el examen. Después de un año, aún espero que me den la orden para la biopsia”.

– Juan Manuel Castañeda es un trabajador independiente que está afiliado a una EPS privada. “Sorprende un poco que las medicinas genéricas recetadas por esa empresa son más baratas que el costo del bono con las que se reclaman. Tampoco tiene un buen servicio de odontología. Me ordenaron un tratamiento de conductos y no lo han querido hacer. Nunca me han dicho por qué”.

Él llevó a su esposa a la misma EPS porque tenía una dolencia en la cadera. “El diagnóstico del médico general que la atendió se limitó a decir que el problema era por la edad y que no tenía arreglo. Buscamos un médico particular y nos remitió al ortopedista, que inmediatamente le ordenó unas sesiones de terapia”, comentó.

– Omar Pizza es un bacteriólogo que trabaja como independiente. “Es bien cierto que los directivos de las EPS están más pendientes de la financiación y las ganancias de la empresa, que de la calidad del servicio. Eso se refleja en la mala atención a los usuarios”.

Agrega que las EPS “con la construcción de sus propias Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) están dejando sin trabajo a muchos profesionales y médicos independientes. La última modalidad del negocio que tienen estas empresas es que solo aceptan exámenes de laboratorios que sean propios y no particulares”.

– Edilberto García es un trabajador independiente que quiso inscribirse en una EPS particular. “Me di cuenta que a estas empresas poco les gusta atender este tipo de usuarios. Para estas empresas no es rentable tener personas que cotizan menos del salario mínimo y corren el riesgo de que a los cuatro o siete meses les suspendan las afiliaciones por falta de recursos. Por eso ponen todas las trabas para evitar que uno se afilie”.

Comenta su experiencia: “Quise inscribirme en dos EPS privadas. Pero me tuve que someter no solo a hacer gigantescas colas, sino que me remitieron, en ambas empresas, a sedes que quedan prácticamente fuera de la ciudad para que hiciera los trámites de afiliación. Fui a esas oficinas y cada vez que iba me devolvían porque se necesitaba un nuevo papel. Terminé afiliándome a una prepagada”.

COPYRIGHT © 2001 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.
Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved