Según la Ley 100, el fisco debe girar un peso por cada peso que los 5’923.871 asalariados e independientes, inscritos en el régimen contributivo, cotizan solidariamente para ampliar el servicio de salud en los estratos 1, 2 y 3. 

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda asegura que no se adeuda un peso. El litigio lleva cerca de un año y afecta directamente el cubrimiento en salud de los colombianos más pobres: 21 millones, según las últimas estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Ha sido tan difícil conciliar el monto en disputa que la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República conminó a las partes a acudir a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Los consejeros definirán cuál ministerio se ajusta a la ley y cuál tiene mal las cuentas. 

Por ahora, el ingreso al sistema de ese dinero está en el aire. Pero hay otras cifras que no le cuadran a la salud de Colombia y que demuestra la fragilidad de un sector que ni siquiera sabe con exactitud cuántas personas están afiliadas ni cuánto dinero se le ha perdido por dobles pagos, deudas y cifras sin consolidar. 

El drama parte de que ni siquiera hay una base unificada de cuántos son los colombianos: El Dane habla de 41’817.000; Planeación Nacional dice que son cerca de 43’035.391, y la cartera de Salud trabaja sobre una población de 42 millones. 

Pérdidas por información imprecisa

La confusión de las cifras se reflejó en una reciente pérdida que el Gobierno estima en 340 mil millones de pesos. Ese dinero se quedó enredado en cuentas de la EPS del Seguro Social y de varias de sus pares públicas y privadas. 

Durante tres años, ante la inexistencia de un sistema unificado de información y sin hacer preguntas ni verificaciones se les pagó a esas empresas por todas y cada una de las personas que aparecían como afiliadas en sus listados. 

La Ley 100, a través del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), les paga anualmente a las EPS y ARS por cada persona afiliada para que les presten los servicios de salud contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS), suma que hoy es de 289.120 pesos para el régimen contributivo y de 155.520 para el subsidiado. 

Sin embargo, nadie se percató de que una misma persona aparecía dos y hasta tres veces afiliada a diferentes entidades y de que el Estado pagaba dos y hasta tres veces por ella. 

Según el delegado para la Salud de la Defensoría del Pueblo, Darío Mejía, no existió control alguno sobre los más de cuatro billones de pesos que Empresas Promotoras de Salud (EPS), como el ISS, Colmena, Famisanar o Cajanal, y las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), como Unimec (hoy en liquidación), Saludcoop y algunas cajas de compensación movieron anualmente desde 1994. 

Apenas hasta agosto de 1999, la Superintendencia de Salud empezó a cruzar bases de datos y 16 meses después encontró evidencia de por lo menos 90 mil dobles afiliados únicamente en Bogotá y Medellín. El Estado había pagado más de 13 mil millones de pesos por ellos. 

En abril del 2000, la Supersalud detectó los casos más dramáticos en el Seguro Social y Saludcoop, empresas en cuyos listados aparecían 421.330 y 211.000 personas repetidas, respectivamente. 

Ese año se detectaron 1’349.559 dobles afiliaciones en todo el país. Más de 154 mil millones de pesos del erario se habrían perdido. El equipo que asesora a la ministra de Salud, Sara Ordóñez, asegura que los casos de duplicidad son mucho menos, pero no sabe exactamente cuántos. 

Varias de las empresas que registraron la irregularidad –algunas por error– fueron conminadas a devolver el dinero. 

Pero era tan difícil para el Estado establecer los montos que se giraron de más, que el Ministerio decidió expedir un decreto ‘absolutorio’, en el que se hizo un borrón de la deuda y una cuenta nueva. Es más, los 340 mil millones de pesos que se cree se perdieron por este conducto son tan solo un estimativo, pues la cifra real –mucho menor o mucho mayor– se desconoce. 

“Habría que hacer un trabajo de arqueología para saber el monto real”, admite la propia ministra Ordóñez. 

¿Más cobertura?

Otra de las cifras que no cuadra por ningún lado es la de la cobertura o número de colombianos afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado. 

Aunque el Gobierno reconoce que incumplió la meta fijada en este campo –cobertura universal en el 2000– Planeación Nacional asegura que desde el lanzamiento de la Ley 100, diciembre de 1993, Colombia pasó de cubrir un 20 por ciento de la población a un 54 por ciento en el 2000 (cerca de 24 millones de colombianos). 

Esa cifra se consolidó luego de desinflar las cuentas alegres del Seguro Social, que decía tener 11 millones de afiliados y que terminó con 4 millones 607 mil, luego de una depuración que midió el éxodo de sus afiliados hacia Salud Colmena, Famisanar y otras 15 empresas privadas. 

En contraposición de las cifras de Planeación está la Superintendencia de Salud. En su criterio, la cobertura es tan solo del 53,7 por ciento, un desfase que si bien en términos relativos es mínimo, en números absolutos de afiliados supera los 340 mil, que obviamente le valen varios millones al sistema. Incluso, hay entidades privadas que señalan que el cubrimiento es mucho menor. 

Asesores de la Academia Colombiana de Medicina, por ejemplo, aseguran que la cobertura es apenas del 48 por ciento, es decir, tres millones y medio de colombianos menos de los que registra el Estado. 

Los desfases que se registran en el número de afiliados en el solo régimen subsidiado son amplios. El Ministerio de Salud dice que son 9,5 millones los colombianos beneficiados, pero datos de Planeación indican que escasamente supera los 5 millones. 

En los regímenes especiales, o grupo de personas que aporta a su propio microsistema de salud –como los militares, el magisterio y los trabajadores de Ecopetrol– las cuentas tampoco coinciden. 

El Ministerio habla de 144.916 miembros del magisterio. La consultora privada Econometría dice que son 427 mil. Lo mismo pasa con Ecopetrol. Para el Ministerio de Salud son 71.944 trabajadores, mientras que Econometría dice que hay 98.600. 

Los misterios

Además, se desconoce cuántos de los 816 mil colombianos que tienen medicina prepagada están evadiendo el aporte obligatorio de salud que deben hacer a través de su afiliación imperativa a las EPS. 

El Ministerio de Salud calcula que son entre 300 mil y 500 mil los colombianos que evaden  a través de este mecanismo.  Lo que se está perdiendo es incierto. ¿Cuánto representa el 12 por ciento que debieran aportar quienes se ocultan en las prepagadas? Se estima en 300 mil millones de pesos anuales. 

No obstante, el Estado aún no cuenta con mecanismos efectivos para identificar y meter en cintura a estos ciudadanos ni a las empresas que les brindan el servicio de salud prepagado, sin exigirles presentar su registro de obligatoria afiliación a una EPS. 

En el archivo de las dudas también aparecen los evasores y quienes eluden las normas para disminuir el monto de los aportes que les corresponde pagar –incluidos trabajadores y empleadores. 

Nadie sabe quiénes son, tan solo se calcula que por evasión –los que no pagan– le dejan de entrar al sistema 264 mil millones de pesos en un año, dinero con el que se podría financiar la afiliación de cerca de un millón de colombianos pobres. 

Y por elusión –los que evaden las normas para pagar menos o no pagar– el Ministerio de Salud estima que el sistema dejó de recibir en 1999 más de 130 mil millones de pesos, con los que se hubiera podido atender a 500.000 personas más en el régimen subsidiado. 

Por ahora, la única fórmula para cauterizar la vena rota de las elusiones y evasiones es introducir en la reforma a la Ley 100 duras sanciones –incluso penales– a personas y empresas que caigan en estas prácticas. 

Con la reforma, también se intentará poner en orden las cifras del sistema que, paradójicamente, está a punto de colapsar por falta de fondos, pero que deja escapar millonarios ingresos por el caos informativo que lo aqueja. 

Un sistema nacional de información en salud parece ser la clave para ver la luz al final de túnel. No obstante, el primer intento, como parte de una estrategia mayor, por consolidarlo –las facturas– ha fracasado durante un año. 

Con el Registro Individual de Prestaciones en Salud (Rips), que hace las veces de factura, se trata de ponerle orden a las cuentas de cobro que los hospitales y clínicas les pasan a las EPS y ARS por los servicios prestados a sus afiliados. 

Sin embargo, clínicas y hospitales, que en principio comparten el objetivo del Rips, ven en este una amenaza para que se dilaten los pagos que deben hacerles las EPS, sobre todo en la fase actual de inicio de su aplicación. 

“Es una pesadilla. Nos enviaron un formulario para recoger información y cuando finalmente los empleados aprendieron a llenarlo, el Ministerio decidió cambiarlo”, dice Jaime Humberto García, gerente del Hospital Simón Bolívar de Bogotá. 

“Las empresas y hospitales no cooperan y así es muy difícil consolidar las cifras”, deplora el Ministerio. 

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