Analicemos en detalle algunos aspectos sustanciales:

1.     Disposición de los recursos públicos con destinación específica a la salud.

Es de todos conocido que los recursos de origen fiscal (80%) y parafiscal (20%) destinados por la Constitución y por la Legislación para atender con “destinación específica” las necesidades de salud de los colombianos, se constituyen en “patrimonio afectado” es decir, que no puede ser destinado a fines diferentes ni por los legisladores (cuyas leyes tienen límites constitucionales), ni por los administradores, sean estos públicos o privados. Es decir, se trata de los abundantes recursos que aportamos los colombianos por diferentes vías para atender de manera determinada por la Ley nuestras necesidades de salud.

También, es conocido que la H. Corte Constitucional ha emitido abundantes sentencias las cuales determinan la destinación de los recursos para atender el “servicio público esencial” de la salud, sin desviaciones ni artificios, las que relacionamos en su conjunto de precedentes emblemáticos, que la propuesta reglamentaria del Ingeniero Gaviria pretende infringir por desconocimiento y/o desobediencia y/o desacato y/o falta de aplicación en el proyecto de reforma presentado a la opinión nacional.

Tales Sentencias son:

1ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-040/93, expediente D-142, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 7 y 13 de la Ley 40 de 1990 “por la cual se dictan normas para la protección y desarrollo de la producción de la panela y se establece la cuota de fomento panelero”, M.P. Dr. Ciro Angarita Barón.

2ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-308/94, expediente D- 476, demanda de inconstitucionalidad contra las siguientes disposiciones: literal b, ordinal 2, artículo 19 del Decreto-Ley 2420 de 1968; Artículo 1 del Decreto-Ley 1748 de 1991; Artículo 1 Decreto-Ley 2055 de 1991; Artículos 264 numerales 1 Y 3, 265 numeral a 2, 266 numerales 1 Y 2 del Decreto-Ley 663 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

3ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-734/02, expediente D-3943, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1°, 2°, 3° y 55 inciso primero, de la Ley 633 de 2000, “por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial”, M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

4ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-179/97, expediente D-1436, demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo único del artículo 3º. del decreto 1283 de 1994, “por el cual se establece el régimen de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles Caxdac”, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz

5ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-480/97, expedientes T-119714, T-120933, T-124414, T-123145, T-120042, T-123132, T-122891, M. P. Dr. Alejandro Martínez Caballero 

6ª.- Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-481/00; expedientes acumulados T-271902, T-272082 y T-273781, M.P. Dr. José Gregorio Hernández, 

7ª.- Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-696/00, expedientes acumulados: T-267230, T-269203, T-281915, T-269185, T-281947, T-281961, T-269222, T-281953, T-270541, T-283665, T-275384, T-284263, T-276390, T-285293, T-278255, T-285497, T-279473, T-286609, T-279495, T-299736, T-279498, T-309250, T-280433, T-312413, T-281129, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. 11

8ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-867/01, expediente D-3402, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo primero (parcial) de la Ley 550 de 1999, M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

9ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-1040/03, expediente D-4620, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 111 (parcial) de la Ley 788 de 2002, “por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones”, M. P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

10ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-828-01, expediente D-3390, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 633 de 2000, “por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial”, en lo relativo a la adición del exceptivo numeral décimo (10º) al artículo 879º (Exenciones del GMF) del Estatuto Financiero, M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño

11ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-136 de 1999, decisión sobre la constitucionalidad del parágrafo del artículo 29 del Decreto Legislativo 2331 de 1998, sobre excepciones a la contribución temporal sobre transacciones financiera que no incluían a las entidades que manejan recursos de la seguridad social, M.P. José Gregorio Hernández Galindo,

12ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-363 de 2001, demanda de inconstitucionalidad sobre el artículo 27 de la Ley 608 de 2000, mediante la cual se prorroga el impuesto a las transacciones financieras, M.P. Jaime Araujo Rentaría,

13ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-1297 de 2001, demanda de inconstitucionalidad sobre el artículo 879 de la Ley 633 de 2000, M.P. Clara Inés Vargas Hernández,

14ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-655/03, expediente D-4433, demanda de inconstitucionalidad contra el art. 20 (parcial) de la Ley 789 de 2002, “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo”, M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.

15ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-572/03, expediente D-4430, demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 10º (parcial) del artículo 48 de la ley 788 de 2002, M. P. Dr. Jaime Araujo Rentaría.

16ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-824/04, expediente D-5072, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 48°, numeral 10 (parcial) de la Ley 788 de 2002, “por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones”, M. P. (e): Dr. Rodrigo Uprimny Yepes

17ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-731/00, expediente D-2716, demanda de inconstitucionalidad contra el art. 98 de la ley 488 de 1998, “por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan disposiciones fiscales de las entidades territoriales”, M. P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.

18ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-1002/04, expediente D-5178, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, M. P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra 12

19ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-955/07, expedientes D-6842 y D-6843 acumulados, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3° (parcial), el numeral 7° del artículo 7° y el artículo 8° de la Ley 1122 de 2007, “por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”, M. P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

20ª.- Corte Constitucional, Sentencia C-1489/00, expediente D-2872, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 215 y 216 de la ley 100 de 1993, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

21ª.- Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-1707 de 2000 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

22ª.- Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, Auto No. 263 de 2012, Asunto: Verificación del grado de cumplimiento de las órdenes vigésimo cuarta y vigésimo séptima de la Sentencia T-760 de 2008, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

A su vez, el H. Consejo de Estado, en relación con los recursos de la Seguridad Social, ha emitido abundantes sentencias, las cuales relacionamos en su conjunto de precedentes emblemáticos, que también se pretenden infringir por desconocimiento y/o desobediencia y/o desacato y/o falta de aplicación en el proyecto de reforma presentada por el Ministro Gaviria.

Todo este acervo jurisprudencial preserva la destinación específica y la naturaleza de los “recursos públicos”, la obligación de su técnico registro contable en cuentas separadas, con independencia del carácter jurídico de quien los administre, la obligación de vigilancia del Estado, así también confirma su carácter de “imprescriptibles”. Sentencias que son de aplicación “erga omnes” (para todos) como al Ingeniero Gaviria alguien se lo debió explicar.

La relación adicional del conjunto de precedentes (sentencias, autos y conceptos) emblemáticos, emanados del H. CONSEJO DE ESTADO, infringidos por la propuesta de origen gubernamental es la siguiente: 

1ª.- Sentencia de 12 de julio de 2001, Exp. No. 2001-0310-01, M.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade,

2ª.- Sentencia de 11 de octubre de 2007, Exp. No. 2003-00435-01, M.P. Dra. Martha Sofía Sanz Tobón:

3ª.- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub-sección “A”, C.P. Luís Rafael Vergara Quintero, sentencia de veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012), Expediente # 08001-23-31-000-2001-02384-01(2030-09), por medio de la cual “confirmase la sentencia del dieciocho (18) de febrero de dos mil nueve (2009) proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, mediante la cual denegó las súplicas de la demanda interpuesta por la Previsora Vida S.A.”, quien interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 18 de febrero de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico y solicitó se declarara la nulidad de las Resoluciones Nos. 753 del 7 de octubre de 1999, 578 del 20 de junio de 2000 y 1224 del 3 de julio de 2001, proferidas por la Directora de la Regional de Trabajo y Seguridad Social del Atlántico, las dos primeras, y por el Director General de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales del Ministerio del Trabajo, la última, por las cuales se le sancionó con multa.

4ª.- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012), C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno, acción de nulidad, Expediente # 11001-0324-000-2005-00266-01, Actor: Maria Carolina Carrillo Garay, mediante la cual “declárase la nulidad del numeral 1.2.2.1. de la Circular Externo 000038 de 13 de julio de 2005, expedida por el Ministerio de la Protección Social.”.

5ª.- Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno, Sentencia de diez (10) de julio de dos mil doce (2012), mediante la cual “ CONFÍRMASE el auto recurrido”, radicación número: 25000-23-24-000-2011-00081-01(IJ), actuación procesal a través de la cual “Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por los apoderados de SALUDCOOP E.S.P. y de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD contra el proveído de 19 de mayo de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera-Subsección “A”, que improbó la conciliación prejudicial celebrada ante el Procurador Sexto Judicial II Administrativo, el 4 de febrero de 2012 entre SALUDCOOP E.P.S. y de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.”

6ª.- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de abril quince (15) de mil novecientos noventa y nueve (1.999), C.P. Dr. Javier Díaz Bueno, Expediente # 14.861, Actor: Gustavo Gnecco mediante la cual “declárase la nulidad de las expresiones “exclusivamente” y “nuevas” consagradas en el inciso tercero del artículo 5º del D.R. # 1.530 de 1.996”. (Prueba documental # 22, pedida, decretada y practicada dentro del presente proceso por acción popular # 110013331011-2008-00135-01, siendo actor popular Domingo Banda Torregroza.). 7ª.- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de primero (1º) de noviembre de dos mil uno (2.001), C.P. Dr. Alberto Arango Mantilla, Expediente # 11001-03-02-25-000-199-0128-00-2007-99, Actor: Domingo Banda Torregroza, mediante la cual “niéganse las pretensiones de la demanda” impetrando la nulidad del inciso tercero (3º) del artículo quinto (5º) del D.R. # 1530 de 1.996, por el cual se reglamentó la ley 100/93 y el D.L. 1295/94.”. Prueba documental # 23, pedida, decretada y practicada dentro del presente proceso por acción popular # 110013331011-2008-00135-01, siendo actor popular Domingo Banda Torregroza.).

8ª.- Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, de fecha de junio 21 del 2.002, Radicación número 1418, por consulta formulada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público (JUAN MANUEL SANTOS), sobre: ““El pago de comisiones a los intermediarios de seguros por la afiliación de empleadores a las administradoras de riesgos profesionales, con cargo a la cotización al S.G.R.P.”, C.P. Dr. César Hoyos Salazar. Prueba documental # 21, pedida, decretada y practicada dentro del presente proceso por acción popular # 110013331011-2008-00135-01, siendo actor popular Domingo Banda Torregroza.).

9ª.- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Dra Ligia López Díaz, Rad. # 11001-03-27-000-20002-0064-01 (13328), sentencia de fondo y desfavorable de 04-09-2.003, por demanda de nulidad contra el numeral 3 del artículo 17 del Decreto 405 de 2.001, que dice: “No gozará de esta exención ninguna operación que tenga por objeto el pago o giro de recursos destinados a cubrir los gastos administrativos que realice la Administradora de Riesgos Profesionales.”

Para ilustración adicional de nuestros lectores, que no del Ministro y de sus insignes asesores para quienes parecen no existir, adicionamos dentro de la relación de precedentes (sentencias, autos y conceptos), emanados del H. Consejo de Estado, aquellos que específicamente hacen referencia respecto del procedimiento irregular (por ilegal, por anti-técnico contablemente y por lesivo al interés público), de utilizar los recursos públicos como si fueran “ingresos propios” y gastarlos como si fueran “recursos propios” de las administradoras de la seguridad social (EPS y ARL). Jurisprudencia que viene siendo omitida en su aplicación por desobediencia y/o desacato y/o falta de aplicación por el Gobierno Nacional y por las Superintendencias Financiera y de Salud.

Son los  siguientes:

1ª.- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de abril quince (15) de mil novecientos noventa y nueve (1.999), C.P. Dr. Javier Díaz Bueno, Expediente # 14.861, Actor: Gustavo Gnecco mediante la cual “declárase la nulidad de las expresiones “exclusivamente” y “nuevas” consagradas en el inciso tercero del artículo 5º del D.R. # 1.530 de 1.996”. [Prueba documental # 22, pedida, decretada y practicada dentro del presente proceso por acción popular # 110013331011-2008-00135-01. Expediente procesal: folios 956 a 992.]

2ª.- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de primero (1º) de noviembre de dos mil uno (2.001), C.P. Dr. Alberto Arango Mantilla, Expediente # 11001-03-02-25-000-199-0128-00-2007-99, Actor: Domingo Banda Torregroza, mediante la cual “niéganse las pretensiones de la demanda” impetrando la nulidad del inciso tercero (3º) del artículo quinto (5º) del D.R. # 1530 de 1.996, por el cual se reglamentó la ley 100/93 y el D.L. 1295/94.”. [Prueba documental # 23, pedida, decretada y practicada dentro del presente proceso por acción popular # 110013331011-2008-00135-01. Expediente procesal: folios 956 a 992.]

3ª.- Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, de fecha de junio 21 del 2.002, Radicación número 1418, por consulta formulada por el Ministro de Hacienda y Crédito Público (JUAN MANUEL SANTOS), sobre: ““El pago de comisiones a los intermediarios de seguros por la afiliación de empleadores a las administradoras de riesgos profesionales, con cargo a la cotización al S.G.R.P.”, C.P. Dr. César Hoyos Salazar. [Prueba documental # 21, pedida, decretada y practicada dentro del presente proceso por acción popular # 110013331011-2008-00135-01, Expediente procesal: folios 956 a 992.] .

4ª.- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Dra Ligia López Díaz, Rad. # 11001-03-27-000-20002-0064-01 (13328), sentencia de fondo y desfavorable de 04-09-2.003, por demanda de nulidad contra el numeral 3 del artículo 17 del Decreto 405 de 2.001, que dice: “No gozará de esta exención ninguna operación que tenga por objeto el pago o giro de recursos destinados a cubrir los gastos administrativos que realice la Administradora de Riesgos Profesionales”, entre los cuales no se encuentra la comisión de intermediación que se considera como un gasto administrativo.”

Esta connotación jurídica y jurisprudencial fundamental es la que ha permitido que los organismos de vigilancia y control del Estado ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control sobre el manejo de los recursos públicos de la salud por parte de las EPS, con independencia de su razón social, pública, privada, mixta, con o sin ánimo de lucro. Y que sustenta todos los juicios fiscales (más de 160) que adelanta la Contraloría General de la República contra las EPS que han desviado billonarios recursos de la salud a gastos ajenos a su destinación normativa, con la permisividad del Estado.

Es el mismo sustento jurídico el que permite que se puedan vigilar los recursos que administran las compañías aseguradoras de vida y que se de inicio a juicios fiscales y de otra índole, en relación con la indebida destinación de los recursos del Sistema General de Riesgos Laborales, por parte de las ARL. 

Por el craso desconocimiento constitucional de la “destinación específica” de los recursos de la Seguridad Social (¿por omisión y/o desacato?), es que sorprende que en un arranque “privatizador” pretenda el Ministro Gaviria Uribe que todos los recursos que se transfieran desde la cuenta de la nueva institución financiera, de afiliación y recaudo, que propone crear bajo el sugestivo nombre de “Salud-Mía”, con destino a las prestaciones individuales de salud, dejen de ser públicos y, una vez, girados, pasan a ser, por el arte del “birli-birloque”, recursos privados.

La propuesta del Ministro de Salud, Ingeniero Gaviria, desconoce de manera gruesa, los contenidos constitucionales y la jurisprudencia y, como si lo anterior fuera de poca monta, pretende modificar la Constitución Política y el acervo jurisprudencial por medio de una norma reglamentaria (¡!). ¡Vaya pretensión que no encuentra asidero en toda la tradición constitucional colombiana!

Es tal la confusión del Ingeniero Gaviria que, según su lógica, tan pronto la entidad “Salud-Mia” gire los recursos que le corresponden por sus servicios a las Empresas Sociales del Estado (hospitales públicos), estos recursos “dejarán de ser públicos” y pasarán a ser privados y, en consecuencia, los recursos que manejan estas entidades no estarán sujetas a la vigilancia del Estado (¡!). Es lo que se infiere de su promocionada idea.

Pero las consecuencias de esta insólita propuesta no paran allí. No sólo se pretende quitarle el carácter de “recursos públicos” y la “destinación específica” a todos los giros (unos 30 billones anuales), que realice la futura entidad financiera, de manera que quedan automáticamente “privatizados”, sino que la norma tiene efectos fiscales en relación con los juicios que adelanta la Contraloría General de la República, puesto que automáticamente quedarían sin efecto casi todos ellos, al aplicarse la favorabilidad de la nueva norma a los implicados.

En otras palabras, lo que pretende la anunciada norma es “purgar” o “lavar” las ilícitas apropiaciones que efectuaron en las EPS los accionistas y administradores de los recursos públicos, tema bien conocido por la opinión y cuyos juicios fiscales se vienen adelantando en forma diligente por la Contralora Dra. Sandra Morelli. Dice al respecto el exmagistrado de la H. Corte Constitucional, José Gregorio Hernández: “Ese traslado de recursos públicos implica también que quienes despilfarraron en el pasado estos dineros, y que están procesados por ese delito, podrían quedar exonerados de cualquier responsabilidad penal, porque se aplicaría la nueva norma.” (Diario El Tiempo 27 de marzo. Pág. 15)

Es tan obvia la intención soslayada del pretendido “articulito”, que nuestro acreditado Ministro ni se atreve a presentarlo como un artículo importante que versaría sobre la “nueva caracterización de los recursos de la salud”, sino que intenta pasarlo por cándida acotación al final de los innumerables “Principios del Sistema”, en el literal “X” del Artículo 4º, que versa sobre la “inembargabilidad de los recursos”, asunto que nada tiene que ver con la privatización anhelada de los recursos públicos, que es lo que finalmente propone en el párrafo final. Parrafito que, por otra parte, tampoco tiene nada que ver con los “Principios del Sistema”. Norma que pretende dar satisfacción a las necesidades exculpatorias de los que se han lucrado con los recursos de la salud y de quienes han generado los numerosos palacinos y propiciado la construcción de palacetes, desde el Gobierno Nacional y que hoy siguen incrustados en el Ministerio, ejerciendo su nefasta y dañina influencia.

¿Será por la época, que el ingeniero Gaviria nos pone a buscar los huevos de Pascua escondidos por él? Ya los encontramos, y este es el más grande de los que ocultó en la propuesta de reforma. Vamos a buscar otros.

2. Integración vertical y conformación de monopolios y oligopolios de la salud

En su afán por “privatizar” los recursos públicos y generar grandes utilidades para el beneficio de los particulares, más que como Ministro de Salud, cuya misión sería la defender y velar por la aplicación debida de los recursos de la salud que aportamos todos los colombianos, sigue actuando mas bien como  miembro de la Junta Directiva de una entidad de la banca privada, cargo al que renunció para ocupar la cartera de Salud, y como sumiso retoño del Banco Mundial, ante cuyos expertos se inclina.

Pero la defensa de “lo público” no está en la órbita de interés del exbanquero. Lo que sí merece su consideración es la integración vertical que le permite y auspicia a las nuevas entidades “gestoras”, (EPS transformadas) que pasarían a ser las propietarias de lo que ahora llama “prestación primaria de servicios”, denominación nueva  que no define en sus componentes. (Artículo 32 de la propuesta de reforma).

Valga anotar que el 80 % de las entidades públicas y privadas de servicios de salud en Colombia corresponden a los denominados niveles I y II de atención y servicios, con lo que la propuesta del Ingeniero Gaviria Uribe permite la integración vertical, el control, manejo y adquisición a precios de reventa de la inmensa mayoría de entidades de servicios de salud del país, públicas y privadas, integrándose así servicios monopólicos y oligopólicos de salud, afectando y constriñendo el derecho constitucional a la libre competencia, lo que constituye el ensueño de los afectos al capitalismo salvaje.

En el evento de que esta norma propuesta por el Ministro encuentre cauce y sea aprobada por el Congreso de la República, los propietarios de entidades privadas de primer y segundo nivel que aún han logrado sobrevivir, pueden ir definiendo los mejores precios de feria para sus instituciones que serán adquiridas por las entidades “gestoras”, generadas por el Ministro Gaviria y asociados. Y las ESE que ofrecen cubrimientos de medicina general y las cuatro especialidades básicas, a lo largo y ancho del país, también tendrán que ser liquidadas y feriadas, pues ya se encuentran en condición de precariedad financiera, ocasionada por las EPS que ahora pasarán a ser sus compradoras y dueñas.

Y qué decir ahora, según su propuesto modelo, todas las “gestoras”, deberán constituirse como sociedades anónimas, incluidas las Cajas de Compensación. En el evento en que las Cajas definan establecerse como “gestoras”, su régimen legal pasa a ser competencia comercial, bajo la órbita de la Superintendencia de Industria y Comercio y en ejercicio de tal modificación pierden su carácter de “entidades de la seguridad social”. ¿Qué dirá el gremio de las Cajas?

         3. Reconocimientos económicos a las Gestoras

Es interesante observar que entre las “Funciones de los Gestores de Servicios de Salud” (Artículo 27 de la propuesta de reforma) figura el literal “h”: “Auditar las facturas por servicios prestados, realizar el reconocimiento de los montos a pagar y ordenar los giros directos desde Salud-Mía a los Prestadores de Servicios de Salud que hacen parte de la Red de Prestadores de Servicios de Salud y proveedores de medicamentos y dispositivos médicos”.

Complementariamente, se define el “Reconocimiento económico a los Gestores (Artículo 33 de de la propuesta de reforma, en doble literal b (¡!)), entre otros: “El saldo de los excedentes podrá ser asignado al Gestor de Servicios de Salud como excedente propio en función del cumplimiento de resultados;”

En términos más claros, en la medida en que la Gestora ejerza su función de auditoría sobre los servicios y las facturas que presenten los prestadores de servicios y glose un mayor número de cuentas, mayor será el excedente que conserve a su favor y mayor será el excedente propio (utilidades) que se reparta al final de período. (¡!)

Carece de lógica económica y es más bien un adefesio la ingeniería gerencial propuesta, que condiciona la utilidad del auditor al número de glosas que ejerza sobre quienes facturan. De manera adicional e inaudita, si las Gestoras van a tener integración vertical con el llamado “nivel primario de servicios”, quiere esto decir que serán auditoras de sus propias entidades prestadoras de servicios de salud. (¡¡!!)

Este gatuperio conceptual desconoce uno de los principios fundamentales de la organización empresarial, cual es que la auditoría de cuentas debe ser por principio, independiente y ajena al resultado económico del auditor. Por una parte, el estímulo perverso de la utilidad, francamente vicioso, permea la propuesta de auditoría que presenta el exbanquero frente a terceros (niveles altos de complejidad), y, por otra parte, es la antitécnica y antiética auditoría sobre sí misma la que ejercerán las “gestoras” frente a las instituciones que conformarán su propia red con la integración vertical propuesta. (¿Sabrá el Ministro que es lo que está proponiendo? ¿Es esa la propuesta que presenta al país un exdecano de Economía?)

En los tres aspectos señalados se halla el núcleo de la proposición presentada por el Ministro Gaviria Uribe ante el Congreso de la República, para la reforma del Sistema de Salud que debe atender a todos los colombianos, galantemente acompañada por el Sr. Presidente Santos.

Hace unas semanas, conocimos por el mismo Ministro de Salud que el exmagistrado de la Corte Constitucional, Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, ejercía funciones como asesor del Ministerio en asuntos atinentes a la consideración de algunas propuestas normativas. Por supuesto, nos gustaría conocer si el respetado Dr. Cepeda, ha participado en la elaboración de la propuesta que aquí nos ocupa.

Dejemos este asunto, por hoy, en los términos expuestos.

Nota de referencia: