La entrevista concedida al periodista Yamid Amat el pasado 13 de enero por el Ministro de Salud y Protección Social, Dr. Alejandro Gaviria, ha generado diversas reacciones y conductas en los sectores interesados en el tema. El Ministro anunció, prácticamente, el fin de las EPS del Régimen Subsidiado- RS. Dijo Gaviria que “Hay que dividir la discusión entre el Régimen Subsidiado y el Contributivo. En el Subsidiado, las EPS están en crisis. Algunas están intervenidas. Otras son indefendibles. Bajo ciertas condiciones y con controles férreos, las entidades territoriales, los departamentos y los distritos podrían administrar el Régimen Subsidiado. Tenemos casi listo un decreto de emergencia que habilitaría a las Secretarías departamentales y distritales de Salud para administrar el Régimen Subsidiado. El decreto anticiparía lo que queremos hacer en la reforma.”

En el mismo sentido de acabar con la intermediación de las EPS del Régimen Subsidiado se manifestaron en el Segundo Encuentro Nacional de Secretarios de Salud y Gerentes de ESE, la mayoría de los departamentos y más de trescientos gerentes de hospitales de todo el país reunidos en Bogotá el pasado 23 de enero.

Ante la inminencia de las preanunciadas medidas, varias de las EPS que atienden a la población del RS, que se encuentran en estado de insolvencia y con billonarias deudas a las hospitales y prestadores del servicio, realizan operaciones financieras que conducen a la liquidación y traspaso de sus activos, de manera que cuando por determinación del Estado se surtan los procesos de liquidación y se quiera proceder al pago de los enormes pasivos para clínicas, hospitales y profesionales de la salud, sólo quedarán disponibles dentro de la masa liquidatoria las sillas rimax y las mesas donde los ejecutivos y accionistas de esas EPS se devoraron los recursos públicos de la salud de los colombianos. 

Tema que ahora preocupa profundamente a gerentes de hospitales y de IPS privadas, pues no existen patrimonios para responder por las acreencias, con todas las responsabilidades que ello conlleva. Desde hace muchos meses en los escritos y publicaciones de la Federación Médica Colombiana hemos venido advirtiendo sobre la cautela que debían tener los representantes legales de las entidades públicas y privadas y los médicos y profesionales de la salud en la firma de contratos con EPS que no estaban en capacidad de responder por sus compromisos, por haber derivado los recursos públicos de la UPC en gran cuantía a gastos totalmente ajenos a su propósito legal y destinarlos, en cambio, para el enriquecimiento particular de sus ejecutivos y accionistas. Pero muchos gerentes y colegas en sus instituciones y consultorios han actuado con candidez y presumieron, ingenuamente, que la situación se iba a arreglar. 

Por otra parte, en las más altas esferas del Ministerio aún se deja escuchar la equívoca afirmación de que los recursos del reajuste de la UPC del Régimen Subsidiado servirán para mejorar los márgenes de solvencia de las EPS del RS, como si los recursos de la nueva UPC pasaran al patrimonio de las EPS de manera inmediata y apalancara sus patrimonios técnicos. Confusión en materia grave que no deja de hacer carrera en quienes proyectan las normas en el mismo Ministerio y que obligan al Legislativo a conciliar textos francamente antitécnicos. 

Por supuesto que la Super Salud ha estado informada desde hace mucho tiempo sobre estos y otros aconteceres y su actitud ha sido tradicionalmente omisa y remisa en la vigilancia y el control de esos recursos, y en sus registros contables, aún mediando múltiples advertencias en tal sentido. Teníamos la expectativa de que el nuevo Superintendente actuara prontamente de manera que se protegieran de manera efectiva los recursos patrimoniales aún bajo titularidad de las EPS, para que no se continuaran dilapidando los recursos públicos que la sociedad sigue entregando para la administración de las EPS. Sin embargo, no hemos visto señales de que ello ocurra. El silencio hasta ahora, ha sido la línea del nuevo Super Salud, Dr. Gustavo Morales.

Es de esperar que quienes no han tenido escrúpulos en usufructuar a su antojo los recursos de la salud durante tantos años, tampoco los tengan ahora cuando se ven abocados a los anuncios liquidatorios que pregonan anticipadamente los funcionarios de gobierno. La orden del día en esas EPS se puede resumir en una palabra: INSOLVENTARSE. Y en esa tarea están ocupados. 

Así que los anuncios prematuros del Ministro Gaviria y el silencio de nuestro Super Salud afectan y lesionan en una u otra forma a los hospitales clínicas y profesionales, a quienes se les debe una gigantesca cifra superior a siete (7) billones de pesos. Es tal la situación, que no sabemos aún qué puede ser más grave para el Sistema de Salud que el silencio del Superintendente Nacional de Salud. Probablemente, que el Ministro hable.

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DECLARACIÓN
SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL 
SECRETARIOS DE SALUD Y GERENTES EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 

CONSIDERANDO

Que ninguna de las EPS del régimen subsidiado cumple en la actualidad con los requisitos habilitantes a los que se comprometieron para ejercer como aseguradoras y/o promotoras del régimen subsidiado. 

Que las deudas de las EPS-S con los prestadores es gigantesca, envejecida y en muchos casos impagable, lo que ha llevado a la ruina a la mayoría de estos y consecuencialmente afectar gravemente la calidad y oportunidad de los servicios que prestan. 

Que la mayoría de las EPS-S se encuentran en estado de insolvencia, incrementan las barreras de acceso a los usuarios, acumulan tutelas y desacatos por eventos pos y han sido sancionada e intervenidas sin que corrijan las causas de las medidas tomadas en su contra.

Que las EPS-S no son garantía para la prestación de los servicios de salud y la administración de los recursos del régimen subsidiado por que han burlado la Constitución y la ley, defraudando la confianza pública.

Que ninguna de las medidas expedidas han sido suficientes para superar las fallas existentes, impedir la violación del derecho a la salud garantizar el pago de las acreencias a los prestadores.

Que distintos sectores, incluidos del gobierno exigen y plantean cambios estructurales al actual sistema. 

Por lo anterior, los secretarios de salud y los gerentes de las empresas sociales del estado. 

DECLARAMOS

1. Que la salud como derecho fundamental no puede estar sometida a las leyes del mercado, al ánimo de lucro ni a la intermediación porque impiden su garantía y prestación. 

2. Es necesario que el gobierno nacional recobre la confianza en los entes territoriales, entregándoles la responsabilidad de administrar los recursos y la garantía de la prestación de los servicios de salud a la población pobre y vulnerable, previos rigurosos requisitos que impidan repetir errores o quedar expósitos a otros. 

3. Nuestra NEGATIVA a mantener cualquier tipo de relación contractual con las EPS S, como una forma de proteger el buen uso de los recursos y garantizar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud a la población subsidiada.

4. Nuestro compromiso y disponibilidad de retomar la rectoría de la salud y asumir con responsabilidad e idoneidad el régimen subsidiado e iniciar sin tregua el rescate de la los hospitales públicos, mejorando la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

5. Respaldar las declaraciones y propuesta del Ministro de salud, doctor Alejandro Gaviria en cuanto a “entregar el manejo del régimen subsidiado a los entes territoriales, bajo ciertas condiciones y controles férreos; posibilidad de un fondo único pagador sin intermediación financiera; acabar con la politiquería en la superintendencia de salud y atacar la corrupción en salud, realizar reformas estructurales al actual sistema de salud y aseguramiento; que las reformas hechas a la ley 100 han sido fallidas y en fortalecer los hospitales públicos”

6. Nuestro decisión de participar en la gran movilización nacional el próximo 14 de febrero y convocar la presencia masiva de todos los sectores de la población en todas las capitales de departamento, como respaldo a la solicitud del manejo responsable de los recursos y garantía de los servicios de salud a la población pobre y vulnerable por parte de los entes territoriales.

Bogotá, D.C. enero de 2013

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