Al finalizar el año 2012, es necesario realizar lo que podríamos denominar un “balance”, parcial por supuesto, sobre los alcances del Movimiento Social por la Salud en el año que culmina, y a preparar las principales líneas de acción para el año que se avecina.

En términos generales, podemos afirmar que este año 2012 ha sido un duro año de luchas, que se ve coronado por éxitos en diversos escenarios. Veamos algunos aspectos más detalladamente:

Aumenta la conciencia sobre el derecho a la salud. Por medio de las diversas movilizaciones populares, a todo lo largo y a lo ancho del país, hemos profundizado la conciencia social en todas las capas de la población y en todos los grupos sociales sobre el derecho fundamental a la salud. Este hecho se refleja en las numerosas movilizaciones en diversos escenarios, en variadas categorías y en todas las clases sociales. El tema de la crisis de los servicios y del modelo adoptado de intermediación financiera e integración vertical que lleva 19 años, está en el primer plano de la opinión nacional.

Consolidación de procesos organizados. Han surgido varios núcleos organizativos, con banderas similares que giran alrededor del derecho fundamental a la salud y la eliminación de la intermediación financiera de las EPS. El primero de ellos es la Coalición Social por la Salud, que reúne a asociaciones de pacientes, Hospitales, Clínicas, organizaciones de profesionales de la salud, entes territoriales y otros. El segundo es la Gran Junta Médica, que aglutina a las organizaciones médicas del orden nacional. El tercero está conformado por  agrupaciones sociales que movilizan a la población en los municipios colombianos, a usuarios de EPS y movimientos sociales que ejercen tareas de agitación, propaganda y movilización permanente en las plazas y calles del territorio nacional. En este núcleo de sociedad civil también se han fortalecido las diversas Veedurías Ciudadanas que representan a organizaciones profesionales y pacientes con patologías especiales.

Conciencia en los medios de opinión sobre la grave crisis. Se ha ilustrado ampliamente a todos los sectores del periodismo que informan e influyen en la opinión pública por los medios de comunicación social de carácter nacional, regional o comunitarios. La actividad informativa la han realizado todos los periodistas y comunicadores sociales por los canales de televisión públicos y privados, por la radio que pertenece a las grandes corporaciones de medios y por los canales de alcance territorial de gestión popular. Así también se ha logrado un amplio cubrimiento de la crisis por los medios de comunicación escritos que llegan preferencialmente a los sectores altos de la población.

Visibilización de la enorme crisis de deuda en el Sistema de Salud. Se han hecho evidentes para la opinión las enormes deudas que las EPS tienen con la red pública y privada de prestadores de servicios de salud, con los profesionales de la salud y con los proveedores de servicios. Deudas impagadas de muchos meses y años de antigüedad, y acreencias enormes de más de cinco (5) billones de pesos que no han sido protegidas por el Gobierno Nacional, particularmente por el Ministerio de Salud Pública ni por la Super Salud. Las entidades acreedoras han establecido innumerables acuerdos de pago que han sido reiteradamente incumplidos por las EPS, asunto que ha afectado el flujo de recursos hacia los prestadores de servicios de salud y ha deteriorado hasta el límite la confianza en las EPS de ambos regímenes. Ya es inevitable el colapso de numerosos hospitales universitarios en todas las regiones del país, así como de instituciones de segundo nivel, con el consecuente detrimento en la atención de los enfermos y de las prácticas docentes para todos los estudiantes de ciencias de la salud.

Deterioro en la prestación de servicios de salud. Se han hecho públicas y evidentes numerosísimas quejas sobre las precarias o inexistentes condiciones  de atención en salud a los usuarios de los servicios en todo el territorio nacional, las congestiones en las urgencias de clínicas y hospitales resultantes de la secuencial negación de servicios a los pacientes. Además de la dilación injustificada en los procedimientos médicos y quirúrgicos y la negación sistemática en la provisión de medicamentos, llegándose incluso a suspender tratamientos a pacientes con trasplantes y con diversos tipos de cáncer por medio de trabas administrativas. Situación que ha afectado a los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado, a los llamados vinculados, y que ahora también afecta a los afiliados a los servicios de medicina prepagada.

Deterioro de los logros obtenidos en Salud Pública. Ha conocido la opinión nacional el grave menoscabo de los procedimientos de atención primaria en salud - APS, la desviación y apropiación de los recursos de la Promoción y la Prevención – PyP - por parte de las EPS y el deterioro de los buenos indicadores de Salud Pública que se habían logrado hace unos años. Así como la reaparición de enfermedades que se encontraban controladas hace tiempo, afectando núcleos de población de alta vulnerabilidad, como niños y personas de la tercera edad y afectaciones graves en la mortalidad y en la morbilidad perinatal. Resultante de haber entregado la función pública que corresponde al Estado a entidades cuyo propósito es el lucro.

Visibilización de los enormes fraudes a la salud. Se han visibilizado los más grandes fraudes en la historia nacional a los recursos públicos de la salud por parte de diversos actores, principalmente las EPS. Así tenemos los inusitados recobros al FOSYGA con precios exorbitantes y mecanismos fraudulentos de recobro de procedimientos POS y NO POS, así como de medicamentos, recobros de tutelas inexistentes y de cuentas de pacientes hace tiempo fallecidos, falsedades en documentos públicos, cobros de comisiones por pagos, y mil formas más de fraudes con los cuales las EPS generan exacción de los recursos públicos parafiscales y fiscales de la salud que tienen destinación constitucional y legal específica.

Evidencias de los precios exorbitantes con los medicamentos. La población no sólo ha sufrido desde hace años las inusitadas alzas en los precios de los medicamentos que en una proporción importante pagan de su propio bolsillo, precios que se encuentran por encima de los que se pagan en todos los demás países que se han referenciado, asunto consentido y propiciado por el Gobierno Nacional. Los pacientes también se ven sometidos a la duda azarosa sobre la calidad de los mismos, cuando son proporcionados por las EPS, puesto que también se ha hecho evidente que entregan medicamentos falsificados a pacientes con enfermedades graves, generando muertes prematuras y morbilidades concomitantes. De manera adicional, se han evidenciado los mecanismos que utilizan las multinacionales farmacéuticas para imponer sobreprecios en los medicamentos y la utilización de ciertos especialistas que actúan como comisionistas de las mismas abandonando sus compromisos éticos y su juramento profesional por los beneficios que les proporciona el corretaje.

Sobre la catástrofe informática. Ha sido conocido por la opinión que el Sistema de Salud carece de un sistema de información centralizado que sirva como registro y elemento de análisis de los diversos componentes. La información es recogida arbitrariamente por las EPS y manipulada de acuerdo con sus particulares conveniencias. Por ello es un Sistema de Salud sin Sistema de Información. El ejemplo más dramático es el encargo fiduciario FIDUFOSYGA, que ha manejado la mayor fiducia del país (unos 25 a 30 billones anuales por varios años), que carece de una base de datos confiable que permita conocer las cuantías de lo recaudado y de lo pagado. A la fecha no han podido entregar cuentas del contrato finalizado hace meses. El desastre de registro es total, tanto en lo financiero, en lo administrativo y en los temas de atención en salud y salud pública. En esta catástrofe informática se soportan las enormes defraudaciones a los recursos públicos y la impunidad de los defraudadores.

Sobre la situación laboral de los profesionales y trabajadores de la salud. En el año que termina se afianzó el conocimiento sobre las normatividades y sentencias que prohíben que las entidades de salud continúen contratando personal con labores estables a través de cooperativas y otras formas intermediarias como sindicatos y demás. Sin embargo, la adaptación presupuestal de las instituciones no ha corrido pareja con el ordenamiento legal. Los profesionales de la salud y los trabajadores han pospuesto sus justas reclamaciones laborales dándole prioridad a la lucha contra la intermediación financiera de las EPS que ha afectado toda la estructura de servicios. Pero es un tema que queda pendiente y que tendrá que evolucionar el próximo año, de manera que todos los trabajadores del sector salud puedan tener un trabajo digno, estable y bien remunerado. Las organizaciones de médicos han reclamado insistentemente sobre la autonomía profesional en su ejercicio, la cual ha sido violentada por las organizaciones burocráticas de las EPS, con lo que han afectado de manera muy grave la relación médico-paciente y la capacidad resolutiva del médico general. También, los diversos sectores han reivindicado la educación médica continua, financiada por el Sistema de Salud, asunto que, por supuesto, no figura para nada entre las necesidades de los accionistas de las EPS, apropiadores de los recursos públicos.

Actitud omisa de la Superintendencia Financiera. Es evidente que la ordenación del gasto del FOSYGA corresponde al Ministro de Salud, por lo que el cumplimiento de la ley para quien ocupe este cargo no es opcional sino obligatorio, y su responsabilidad plena. Así mismo, la vigilancia administrativa sobre las entidades fiduciarias que componen el Consorcio le corresponde al Superintendente Financiero, quien hasta este momento no se ha dado por enterado de la catástrofe informática que corre por cuenta de sus vigiladas. Otra omisión de responsabilidad que, como lo sucedido con tantas pirámides, afecta los intereses públicos de los colombianos. También se ha debatido, esta vez en el escenario jurisdiccional, la responsabilidad que corresponde al Super Financiero en las desviaciones, también billonarias, de recursos públicos en el Sistema General de Riesgos Laborales - SGRL, que atiende a los trabajadores afectados por el accidente de trabajo y la enfermedad laboral.

Complacencia de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los estados financieros e inversiones de las EPS. También se ha hecho evidente la omisión en su función de cuidado, inspección, vigilancia y control por parte de la Super Salud hacia las EPS. Sus funcionarios permitieron la utilización inconstitucional e ilegal de los enormes recursos de la salud por parte de muchas EPS que derivaron billones de pesos, anualmente, durante muchos años, para el enriquecimiento patrimonial de sus empresas y para la derivación y el enriquecimiento ilícito e incausado de sus socios. Y con pleno conocimiento de causa, permitieron que los recursos públicos captados por las EPS para atender el POS, recursos ajenos para las EPS, con destinación específica, los ingresaran en la contabilidad de las EPS como “Activos”, “Ingresos Propios”, mecanismo financiero y contable que viola todo criterio técnico, las normas legales y la ortodoxia contable, y les permitió manejarlos y usufructuarlos como si fueran de recursos propiedad de las EPS. (Véase Resolución 4361 de 2011, Art. 4º Firmada por Conrado Gómez y preparada por el equipo financiero de la entidad). Así que el Plan Único de Cuentas – PUC- que las EPS informan a la Super Salud es antitécnico y espurio.

Responsabilidad que corresponde a Revisores Fiscales y Juntas Directivas. La sociedad colombiana también evidenció la grave falla técnica, ética y profesional de muchos de los revisores fiscales de las EPS y de las ARP, que con su firma deben dar fe pública de que los recursos públicos que manejan los particulares están siendo debidamente administrados, y que los registros contables son ciertos y verificables, de acuerdo con las Constitución, las leyes y las normas contables. A su vez, las Juntas Directivas de las EPS y de las ARL, son normativamente corresponsables con el Represente Legal en los manejos de los dineros públicos a cargo de los particulares, a quienes el Estado les ha conferido licencia de carácter precario para administrarlos. Puesto que las Juntas Directivas aprueban o imprueban la presentación de los balances, de los estados financieros y del PUC que son presentados a revisión ante la Super Salud y ante la Super Financiera, también ha quedado en evidencia su responsabilidad en los innumerables ilícitos, registros antitécnicos y desviaciones de recursos públicos que se han hecho evidentes.

Márgenes de Solvencia Insuficientes. El margen de solvencia es el margen de patrimonio libre de compromisos que le da garantía a la sociedad de que una empresa que maneja recursos ajenos cuenta con la suficiencia patrimonial para hacer frente a sus compromisos frente a los acreedores. Por lo que una función muy importante de las Superintendencias a cargo de la vigilancia administrativa es la verificación de este y otros indicadores patrimoniales y de reservas técnicas. En el año que termina ha quedado en evidencia la complacencia y permisividad de las autoridades de vigilancia y control, con la cual se ha consentido que los registros contables no reflejen la verdadera situación de deuda de las EPS, que se oculten pasivos billonarios por medio de innumerables glosas que no se registran contablemente, ni se les constituyen reservas técnicas ciertas, mecanismo con el cual se apalancan fraudulentamente los márgenes de solvencia que se presentan ante los entes vigilantes, que no ejercen ningún control sobre los registros contables. Así que, un número muy mayor a las EPS reportadas hoy día como insolventes, son las EPS que en la actualidad no cuentan con los márgenes de solvencia para seguir operando, ante la complacencia de los genuflectos burócratas financieros y contables de la Super Salud. Se va haciendo inevitable que el naufragio de las EPS arrastre consigo a las ESE y a las IPS que no han tomado las previsiones debidas y que no cobran anticipadamente sus servicios.

Cambio de la alta burocracia en el Gobierno Nacional. Ante la gravedad de la situación, el desgaste y la incapacidad de los anteriores funcionarios, ampliamente ventilada por la opinión, el Señor Presidente Santos decidió dar un giro en las autoridades máximas de rectoría y control, nombrando nuevo Ministro de Salud y nuevo Super Salud, con el fin de ganar tiempo ante la crisis y darle “un segundo aire al modelo” como lo expresó el Ministro Gaviria. Ya se ha hecho evidente que el Gobierno Nacional quiere mantener el “fracasado modelo de Juan Luis” a toda costa y a todo costo, frente a la opinión mayoritaria de los pacientes y de los sectores prestadores de servicios de salud, en franco desafío a la opinión nacional. Manifiesta, además, el nuevo Ministro, que profundizará la integración vertical dándole a las fraudulentas EPS el control del primer nivel de atención. Y trabaja por limitar el derecho fundamental a la salud. Esto va a suceder si el Movimiento Social por la Salud lo permite.

Acción de la Contraloría. El Movimiento Social por la Salud ha contado con la invaluable gestión de la Sra. Contralora, Sandra Morelli Rico. Por acción de la Contraloría se han recuperado, este año, $21.254 millones del Sector Salud y hay bienes embargados por $684.000 millones en procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan a diferentes operadores en el sistema de salud. El total de detrimento estimado a los recursos públicos del sector salud, en 676 procesos que adelanta la CGR, es $6 billones 978 mil millones. Cifra que cubre un período de tiempo corto en años muy recientes. Esta entidad ha venido cumpliendo con los Autos impartidos por  la Corte Constitucional del pasado mes de noviembre, que conminan a diferentes autoridades a cumplir una serie de acciones relacionadas con el control de los recursos públicos de la salud y la recuperación de lo sustraído. La opinión nacional se mantiene atenta a que también el Ministro de Salud, el nuevo Super Salud y el averiado Super Financiero cumplan lo que corresponde frente a la protección de los enormes recursos de la salud tema que seguiremos cuidadosamente.

Acciones de la Procuraduría. Las ponencias del Sr. Procurador han sido conceptualmente muy claras en relación con la responsabilidad de los particulares que manejan los recursos públicos fiscales y parafiscales de la salud. Ya ha procedido a sancionar ejemplarmente al representante legal y a numerosos miembros de las juntas directivas de la EPS SALUDCOOP que utilizaron indebidamente los recursos de la UPC. Así mismo, ha pronunciado advertencias frente a los altos funcionarios del Ministerio de Salud, quienes actuando en contra de los intereses nacionales, promueven la especie falaz de que los recursos de la UPC son recursos privados, pretendiendo omitir los contenidos constitucionales y legales y el acervo jurisprudencial muy abundante sobre la materia, que establece que los de la UPC son recursos públicos con destinación específica y como tales deben ser administrados y registrados contablemente. El Movimiento Social por la Salud se propone apoyar las acciones de la Contraloría en todo lo de su competencia.

Acciones de la Fiscalía. A pesar de la enorme cantidad de evidencia y de copias compulsadas que se le han proporcionado a la Fiscalía desde diversas fuentes, no hay evidencia pública de una línea clara de actuación frente a los numerosos ilícitos a la salud denunciados. Sin embargo, se han conocido acusaciones sobre algunos pocos casos específicos, que han involucrado a funcionarios de segundo y tercer orden en defraudaciones. El movimiento Social por la Salud tiene el convencimiento de que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, así que esperamos que lleguen mejores tiempos para las sanciones que merecen los defraudadores de la salud. Durante el año que termina, el periodismo dejó conocer la maraña de  intereses particulares que han servido varios altos funcionarios del Estado por medio de diversos contratos directos o por intermedio de sus familiares más cercanos al servicio de las EPS. Entre ellos, las contrataciones que en su ejercicio privado sirvió a SALUDCOOP el actual Fiscal de la Nación, por cuatro mil novecientos ($4.900’000.000) millones de pesos, dineros sobre los que aún no se tiene claridad si se pagaron con cargo a los recursos propios de la EPS o con recursos los recursos públicos de la UPC.

Proyecto de Ley Estatutaria y Ley Ordinaria. En los últimos meses se viene discutiendo la necesidad de una Ley Estatutaria que establezca el derecho fundamental a la salud, ya definido por la jurisprudencia. Diversos Senadores y Representantes han presentado proyectos con diversos matices y el Gobierno Nacional ha presentado una propuesta que pretende acumular las anteriores, la cual termina restringiendo el derecho y reglamentando procedimientos que corresponden a normas de otro orden. A su vez, algunas organizaciones de la sociedad civil han respaldado otra ponencia con mayores contenidos sociales. La última expresión del Ministro Gaviria (Medellín, 14 de diciembre) es que se inclinaba por posponer la discusión de la Ley Estatutaria para darle prelación a la discusión de una Ley Ordinaria, modificatoria de la Ley 100 de 1993. El Gobierno y los diversos sectores participan activamente en estos debates, que se pueden considerar necesarios, pero el Ministerio no enfrenta con urgencia la crisis real del Sistema, que afecta de manera cuotidiana y silenciosa a miles de pacientes en el territorio nacional y genera un genocidio silencioso de enfermos cuyas muertes, agravamientos y sufrimientos podrían ser evitables.

Invitación Final. El balance que corresponde al año que termina nos permite afirmar que ha sido un buen año para el Movimiento Social por la Salud, en el que hemos afianzado nuestros enfoques y mejorado de manera significativa nuestra posición en la correlación de fuerzas, en concordancia con la Constitución y con las leyes vigentes y por la defensa de la salud de los colombianos. Estimamos que las expresiones de protesta y las manifestaciones individuales y organizadas de los pacientes deben dar origen a formas más estructuradas de organización. La defensa del Derecho Fundamental de la Salud requiere mejor documentación de los casos y mejor coordinación entre las diversas organizaciones para que los convenios internacionales ratificados por Colombia y la jurisprudencia nacional e internacional pueda ser mejor aprovechada por el conjunto del Movimiento Social por la Salud.