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La Federación Médica
Colombiana en múltiples foros, entre los que se cuenta el
Foro “FOSYGA: LA HORA DE LAS CUENTAS CLARAS”, organizado
por las Comisiones Séptimas del Senado de la República y la
Cámara de Representantes, el 8 de junio del año en curso,
planteó la inminencia del colapso financiero del sistema de
salud colombiano.
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En las últimas semanas, esta
situación se hizo cada vez más crítica y el Gobierno
Nacional anunció la declaratoria de una emergencia social que
según la prensa pretende movilizar un estimado de 7 billones
de pesos colombianos para resolver esta situación.
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Sorprendentemente, en la
movilización de la opinión pública y la caótica avalancha
de propuestas de solución de última hora, ha perdido
protagonismo uno de los factores más importantes en la
generación de esta crisis: El crecimiento geométrico –mejor
dicho, la explosión- de los recobros al FOSYGA por
medicamentos y procedimientos NO incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud POS.
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El Observatorio del
Medicamento y el Instituto de Altos Estudios y Gestión en
Salud y Seguridad Social “José Celestino Mutis” de la
Federación Médica Colombiana, han hecho públicas sus
estimaciones de que la suma de los recobros de los años 2006
a 2009 sobrepasará los cuatro billones doscientos cuarenta y
cuatro mil millones de pesos colombianos (Col$
4.244.000.000.000.-), suma que, si se compara con la suma de
recobros del cuatrienio 1997-2000 que fue de cuatro mil
doscientos cuarenta y cuatro millones (Col$ 4.244.000.000.-),
equivale a un incremento de noventa y nueve mil novecientos
por ciento (+99.900%).
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Ante la magnitud colosal del
crecimiento del gasto social en medicamentos –sin
contabilizar el traslado de costos por este concepto a los
entes territoriales- la Federación Médica Colombiana cree su
deber alertar a la opinión pública en general, que ninguna
solución puede ser viable ni definitiva, si no incluye
cambios estructurales en el manejo del componente
medicamentos.
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Quienes conocen de este tema
saben que la Federación Médica Colombiana ha estudiado
juiciosamente este problema y tiene argumentos sólidos para
demostrar que uno de los factores determinantes para la
generación de sobrecostos en los precios de los medicamentos
recobrados y la proliferación de prácticas perversas en los
recobros al FOSYGA, ha sido la política de liberalización a
ultranza y desregulación de precios en el mercado
farmacéutico, que culminó con la Circular 04 de 2006 de la
Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y la
eliminación del régimen de “control directo” automático
para los productos “monopólicos” o principios activos con
menos de tres oferentes, que pueden abusar de su posición
dominante en el mercado.
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En consecuencia, la
Federación Médica Colombiana advierte que todos los recursos
generados con los decretos de emergencia social no serán
suficientes para evitar el colapso financiero del sistema de
salud, si al mismo tiempo no se adoptan soluciones
estructurales para detener la hemorragia de sobrecostos
absurdos generados una equivocada política de liberalización
de precios. Por lo tanto, la FMC solicita públicamente que
–además de superar el preocupante silencio de la CRES en
este campo- entre las medidas estructurales de la actual
emergencia social se incluya la derogatoria de la Circular 04
de 2006 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y
el retorno al régimen de control directo automático para los
principios activos con menos de tres oferentes, que abusaron
de su posición dominante en el mercado.
En los Estados Unidos de Norteamérica
el tema que ocupa el mayor interés para la comunidad es la
denominada reforma al sistema de salud. Diversos factores que
evidencian una grave crisis motivaron a que el Gobierno, en
cabeza del Presidente Obama, pusiera a consideración del
Congreso una propuesta de reforma con miras a solucionar los
múltiples problemas que enfrenta este sistema.
En nuestro país, también muchas han
sido las alertas, denuncias y serias preocupaciones que varios
actores del Sistema de Seguridad Social en Salud y estudiosos
del tema, han manifestado al respecto. Pero contrario a lo que
acontece en nuestro vecino del norte, en Colombia no hemos
querido tomar conciencia de la gravedad del problema que
tenemos..
Dentro de las causas que amenazan la
viabilidad del Sistema encontramos algunos ejemplos.
En el Régimen Contributivo, el
principal problema lo constituye el flujo de recursos con
ocasión de los recobros al FOSYGA. Recientemente, la
Asociación de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), anunció
que 9 de sus 15 EPS afiliadas, están en riesgo de
quiebra debido al incumplimiento del FOSYGA en el pago de cerca
de $900 mil millones, por lo que estas empresas estarían
obligadas a suspender sus operaciones el próximo año,
desamparando a cerca de 8.7 millones de colombianos afiliados.
En el Régimen Subsidiado, sin duda
alguna, el principal problema lo constituyen las falencias del
Sistema de Información, lo cual repercute entre otros aspectos,
en la prestación de servicios de salud de los ciudadanos que
son glosados por la BDUA. Cifras con corte agosto de 2009,
señalan que 4.064.819 de afiliados se encuentran glosados, ciudadanos
que en teoría deberían tener acceso pleno al sistema pero que
por deficiencias en el manejo de las bases de datos se ven
perjudicados.
De igual forma, los departamentos claman
la colaboración del Gobierno Nacional para poder pagar sus
deudas con la Red Pública, con ocasión principalmente, de los
gastos derivados por el cubrimiento de procedimientos y
medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del
Régimen subsidiado (POS-S). Esta situación hace inviable a las
entidades territoriales y a los Hospitales Públicos del país.
Según recientes estadísticas, la cartera mayor a 60 días de
los departamentos a las IPS Públicas, a corte de 31 de junio de
2009, ascendía a la suma de $
431.424 millones.
De forma especial, llama la atención el
contraste entre el crecimiento exponencial del Régimen
Contributivo y el crecimiento vegetativo del Régimen
Subsidiario. Para agosto de este año, el RC tenía
17.895..795 de afiliados y RS 24.039.823. Esta disparidad
contraría el ideal del sistema cual es una mayoría de la
población afiliada al RC que aumente y fortalezca los recursos
garantizando de este modo la sostenibilidad financiera.
Los intentos de corrección del sistema
implementados por la Ley 1122 de 2007 no han sido materializados
por el Ejecutivo, que debería cumplir su esencial función
constitucional de aplicar, desarrollar y reglamentar las normas
legales. Del mismo modo, no existe un verdadero Sistema de
Vigilancia y Control que garantice que todos los actores cumplan
con sus correspondientes competencias, evitando prácticas
malsanas que se han insertado en nuestro modelo como lo es por
ejemplo la tramitología en todos los niveles que dificultan el
normal flujo de recursos. No sobra recordar que la famosa
sentencia T-760 de 2008, no es más que un llamado de atención
de la Corte Constitucional a la ausencia de acciones claras y
eficaces por parte del Gobierno Nacional para superar las fallas
del sistema de salud.
Así las cosas, considero que es tiempo
de generar un debate de fondo del sistema, que trascienda los
escenarios académicos e investigativos, para así poder superar
esta crisis. Si definitivamente las piezas de este modelo, que
se consideró como el mejor entre muchos países, no actúan
como deberían actuar, es decir, no cumplen a cabalidad sus
funciones, el sistema colapsará de algún modo por muy bueno
que sea el modelo. Por ello, es la hora de revisar otras
experiencias que adaptadas a las realidades de nuestro país,
permitan ofrecer alternativas de solución.
El Gobierno Nacional, sin más demoras,
debe abordar este asunto con el compromiso que ha demostrado al
ocuparse de otros asuntos de interés nacional. Aún estamos a
tiempo de plantear y aplicar los correctivos, o en caso de ser
necesario, discutir y promover una solución estructural.
Atentamente,
JORGE ELIÉCER BALLESTEROS BERNIER
SENADOR DELA REPÚBLICA
