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Importantes personas del sector salud de Colombia (ministro de Salud, presidente de Acemi, director ejecutivo de la Asociación de Hospitales y Clínicas) me han llamado o enviado correos electrónicos creyendo que las opiniones ahí expresadas y publicadas por su diario son de mi autoría.
Permítame manifestarle señor director que esa carta no la he escrito.
O bien se trata de la opinión de un homónimo mío o es la expresión de una acción malintencionada que busca confundir aun más al sector salud utilizando de mala fe mi nombre y mi trayectoria en el
sector.
Gabriel Carrasquilla.
Director Centro de Estudios e Investigación en Salud-CEIS
Fundación Santa Fe de Bogotá.
3. Cartas
de los lectores
(ver)
Las verdades a medias de la crisis de la salud
Sobre el artículo publicado en la edición del 21 de diciembre, “Las facturas irregulares que dejó pasar el Fosyga”, resulta curioso que cada cierto tiempo la Federación Médica Colombiana haga pública su investigación sobre deficiencias en las bases de datos de
recobros.
Sin embargo, no se entiende cómo se presenta una investigación de un ente privado, atribuyendo a las EPS el supuesto fraude, sin que dicho ente explique temas de fondo que también pueden involucrar a las clínicas y hospitales en dicha defraudación.
Ciertamente, el país necesita una investigación seria, detallada objetiva, en la cual se identifique si en efecto, ante los ojos de todas las autoridades de control, ocurrió una defraudación masiva de los recursos públicos, como sugiere la Federación. Pero esa investigación no puede ser parcial ni adelantada por uno de los partícipes en el proceso de recobro, requiere una factura en la cual soporte la compra que hizo del medicamento o insumo, la cual a su vez proviene de los cobros que clínicas y hospitales hacen a las EPS por sus servicios. Es decir, en el fondo lo que se recobra una EPS está determinado por lo que la IPS a su vez le cobró por los servicios que le prestó al usuario.
Entonces, sería realmente útil que la investigación de la Federación Médica mostrara que las EPS adulteraron los registros o datos que las IPS les entregaron, pero si el error o adulteración viene desde la IPS el tema es más profundo y conlleva a que las clínicas y hospitales expliquen cómo se presentó el supuesto error.
De hecho, las normas del sistema hacen que el flujo de información se origine en las IPS, que son las que prestan el servicio, lo que haría pensar que estas entidades pueden tener una participación muy importante en los supuestos fraudes que muestran las bases de datos de los recobros y que denuncia la Federación Médica.
Sobre este punto cabe llamar la atención que uno de los grandes vacíos normativos del sistema de salud es la falta de control en el precio que la IPS paga a su proveedor por insumos y medicamentos, y el margen que obtiene cuando vende estos insumos y medicamentos a una EPS por la prestación de sus servicios. No se entiende entonces cómo el Ministerio de Salud emitió la resolución 1089 del 6 de abril de 2011, en la cual exige que como requisito del recobro se anexe la factura con la que la IPS que prestó al servicio compró a su proveedor los insumos y medicamentos que utilizó en la atención. Y que posteriormente, en junio de 2012, mediante resolución 1701, derogue esta exigencia.
Como se aprecia, entonces, no basta con acusar a uno de los participantes en el tema de los recobros, sino que la investigación debe incluirlos a todos y mostrarle al país lo que ocurrió.
Gabriel
Carrasquilla. Bogotá. (homónimo o "una acción malintencionada que busca confundir aun más al sector salud",
dice el Dr. Gabriel Carrasquilla,
Director Centro de Estudios e Investigación en Salud-CEIS.
Fundación Santa Fe de Bogotá)
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